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La precariedad laboral en la ciencia española

 

     
    Hoy es primero de mayo, el Día Internacional de lxs Trabajadorxs, conmemoración del movimiento obrero mundial. La falta de conocimiento sobre el trabajo de científicas y científicos puede llevar a que la sociedad no nos vea como trabajadorxs, pero lo somos, somos trabajadorxs de la ciencia, aunque muchas veces no tenemos derechos como tales. ¿Cómo nos ve la sociedad? ¿Como privilegiadxs que malgastamos recursos públicos y, por tanto, un lujo innecesario para la sociedad? ¿O como trabajadorxs especializados que producimos un bien necesario: el conocimiento?

    El Gobierno pretende reformar de la Ley de Ciencia (Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación) e imponer una carrera investigadora. Hace muchos años que el personal investigador pedimos una carrera profesional que mejore nuestras condiciones laborales y salariales actuales, pero la propuesta del Gobierno no solo no ha cumplido las expectativas del personal de investigación y no toca todo lo malo de la carrera actual, es que además empeora nuestras condiciones.

    Entre los principales puntos conflictivos de la reforma se encuentra la figura del tenure track, la no inclusión de la indemnización por fin de contrato, la transferencia de lo público a lo privado, y el hecho de que el texto se haya redactado sin diálogo social. Sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) y hasta el Ministerio de Trabajo cuestionan las medidas propuestas por el Ministerio de Ciencia e Innovación que solo vendrían a oficializar nuestra precariedad. Tal y como publicó La Información, un informe del equipo de la ministra de trabajo Yolanda Díaz concluía que la propuesta de la figura del tenure track podría ser “inconstitucional” al desproteger al/a trabajador/a, un criterio que el Ministerio de Ciencias aceptó y se comprometió a abordar.

    Resulta llamativo que el Gobierno dedique tantos esfuerzos a idear nuevas figuras laborales, nuevos tipos de contrato y nuevas convocatorias para nuevas ayudas, cuando buena parte de los problemas actuales se podrían resolver dotando de los fondos apropiados a las convocatorias ya existentes y facilitando la estabilización de personal docente e investigador en universidades y OPI. La carrera actual tiene 14 años de contratos temporales con salarios desactualizados, y muchas veces fuera de convenio, entre las etapas predoctoral y postdoctoral, con una estabilización final que llega solo en contadas ocasiones.

    El Gobierno propone ahora una carrera laboral con este modelo de contratación tipo tenure track, utilizado en los países anglosajones y de forma más reciente en países europeos como Alemania, Suiza o Italia, que consiste, según el Ministerio de Ciencia e Innovación, en una contratación fija sujeta a evaluación externa, pero que en la práctica supone, según la Coordinadora de Marea Roja de la Investigación, “un bloqueo efectivo al acceso a la promoción para parte del personal de investigación” que continúa sin solucionar “el problema de base: la insuficiencia de plazas y de garantías de derechos laborales".

    Lo que realemente nos ofrece la reforma es una carrera laboral de 13 años (la última etapa se ha reducido de 5 años a 4) con contratos igual de precarios que los que tenemos, y con un nuevo contrato de incorporación con una evaluación más dura que la actual y que no garantiza la estabilización final de ningún modo, pues se desentiende de ella y lo deja en manos de las entidades contratadoras (que en tiempos de crisis no están en condiciones de hacer grandes esfuerzos). De hecho, la evaluación externa —sobre la cual, además, se desconoce cómo sería o quién la efectuaría— es uno de los puntos conflictivos de esta figura: “En caso de no superar esta evaluación, cuyo contenido no se concreta, la persona investigadora quedaría fuera del sistema 'por causas objetivas', desprotección que no tiene encaje en el ordenamiento jurídico-laboral español”, apuntan desde FPU Investiga.

    Lo cierto es que en los países anglosajones, donde nació el término y se emplea la figura en cuestión, la posición fija corresponde al tenure; el tenure track es en realidad un puesto que conlleva la oportunidad de obtener eventualmente un puesto permanente. Así que el Gobierno confunde diciendo que el tenure track en España supondrá una contratación fija, pero lo cierto es que le han puesto el nombre adecuado.

    Así que la nueva Ley de Ciencia no lucha contra el actual envejecimiento de las plantillas ni se esfuerza por ofrecer más oportunidades laborales y de estabilización a lxs jóvenes investigadorxs. Su modificación tampoco incluye la subida y el blindaje del presupuesto anual dedicado a ciencia, y su modelo de carrera no es predecible ni estable, no garantiza la estabilización laboral, y no incluye a lxs gestorxs, lxs técnicxs, ni demás personal investigador. Por lo tanto, la propuesta estrella es una carrera laboral para el personal postdoctoral que nos condenaría a la falta de estabilidad que ya padecemos actualmente y además la aumentaría, puesto que, tras más de una década de contratos temporales, no tendríamos garantizados ni siquiera los pocos casos de estabilización que existen actualmente. Y más allá de estar condicionada a una evaluación externa, incluso si es positiva, la continuidad del contrato estará sujeta a la voluntad del organismo contratante de mantener la relación laboral, lo que supone “una clara infracción de las disposiciones y tratados internacionales” a través de una figura que, apunta CCOO, presenta problemas de encaje jurídico.

    Necesitamos una carrera investigadora de no más de una década en total, con mecanismos que garanticen la continuidad entre contratos temporales (basta ya de agujeros de meses o años trabajando sin contratos ni sueldo), unos salarios dignos y cuyo horizonte sea la estabilización mucho antes y en mejores condiciones que las actuales.

    La Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) ha abierto un debate público sobre la propuesta de modificación de la Ley de la Ciencia planteada por el Gobierno, y para ello realizará una serie de tertulias de política científica, sobre diferentes aspectos que se modifican en el texto de Ley propuesto. Estos coloquios se podrán seguir en directo en la sección LIVE de la AEAC y en su canal de YouTube.

    La primera tertulia científica sobre la Ley de la Ciencia se celebró el pasado martes 13 de abril de 2021 y fue precisamente sobre los aspectos laborales. El Secretario general de la AEAC, el Dr. Fidel Rodríguez Batalla, abrió el coloquio y el Dr. Víctor Ladero, Científico titular del IPLA–CSIC fue el moderador del interesantísimo debate en el que participaron:
Aquí tenéis el video de la sesión:
 

    Hablaremos más adelante sobre otro punto conflictivo del anteproyecto de Ley, que es la modificación de las condiciones en las que se realiza la transferencia de resultados obtenidos en el sistema público —a través de la investigación— al sector privado.

    Dejando los méritos para alcanzar una situación laboral estable sujetos a criterios ambiguos y a disponibilidades presupuestarias, parece que el desarrollo profesional en ciencia quedará reservado a unxs pocxs. Piratas de la Ciencia, una asociación cultural sin ánimo de lucro dedicada al fomento de la cultura, la divulgación y la comunicación de la ciencia, resalta que "la clave es entender que el desarrollo profesional no debe quedar reservado a una pequeña élite, y menos cuando esta élite bajo la etiqueta de excelencia se gesta, mantiene y desarrolla gracias al trabajo indispensable de equipos completos, sostenidos por las bases de la investigación”.

    El pasado 15 de abril, el personal investigador, convocadxs por Coordinadora Marea Roja de la Investigación, nos manifestamos en diferentes puntos del Estado contra la reforma de la Ley 14/2011 de la Ciencia, pues las modificaciones planteadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación resultan “claramente insuficientes” y no hacen otra cosa que “seguir perpetuando la precariedad en el sector, sin garantizar el pleno derecho laboral desde el inicio hasta el final de la carrera de todo el personal de investigación”. La movilización pretende “llamar la atención sobre la necesidad de modificar esta reforma y exigir que el texto sea negociado entre todas las partes —tal y como el Ministro se comprometió públicamente— para conseguir una reforma que realmente ofrezca soluciones a los problemas que sufre el sector de la investigación”, explicó Marea Roja a El Salto. “Las soluciones no son sencillas, pues varios de los problemas son complejos. Quizá el consenso no sea tan generalizado en cuáles serían las soluciones, pero el camino para lograrlas pasa por escuchar, dialogar y negociar”, concluyen desde la Coordinadora.

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